Vocalía de Grandes Emergencias y Catástrofes


simulacro EL COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE ARAGÓN  PARTICIPA EN UN SIMULACRO CON VÍCTIMAS EN EL AEROPUERTO DE ZARAGOZA. El Jueves 19 de Septiembre de 2013, el GISE (Grupo de Intervención Social en Emergencias del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón), junto al personal del GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicólogos de Aragón), del 112 (Protección Civil del Gobierno de Aragón), los ERIEs Psicosociales de Cruz Roja-Zaragoza (Equipos de Respuesta Inmediata), Guardia Civil, Policía Nacional, AENA y de la compañía Volotea, entre otros;  participan en un simulacro con víctimas en el aeropuerto de Zaragoza. El ejercicio práctico se da por iniciado cuando un avión con destino al Sur de España se ve abocado a realizar un aterrizaje forzado, activándose inmediatamente el plan de emergencias, dándose un número determinado de fallecidos y heridos. En este simulacro se pone en operatividad el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares, que es por imperativo legal, de obligado cumplimiento. Para garantizar un completo esquema en la protección de las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, este real decreto dispone medidas en varios ámbitos: completa el contenido mínimo de los planes de protección civil de las Comunidades autónomas en materia de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, establece las actuaciones que deben garantizarse por la Administración General del Estado, regula las obligaciones que deben articularse a través del plan de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares del que deben disponer las compañías aéreas y las obligaciones que los planes de autoprotección de los aeropuertos deben contemplar en materia de asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, instituye la figura de la persona de contacto con las víctimas y sus familiares, y dispone la adopción de un protocolo de actuación para coordinar las actuaciones de todas las partes con responsabilidad en esta materia.