Continuamos contra los discursos estigmatizantes
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón rechaza la continua estigmatización de la población inmigrante por parte del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 28 de julio 2026. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón expresa su más firme rechazo a la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal destinada a los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados bajo tutela de la Administración, así como al discurso institucional utilizado para justificar dicha medida.
Esta decisión constituye un grave retroceso en la protección de la infancia y supone trasladar a menores de edad las consecuencias de un debate político del que nunca deberían formar parte. Los menores tutelados son sujetos de derechos, no instrumentos para la confrontación ideológica ni para la obtención de rédito político.
La asignación económica que reciben estos menores no constituye un privilegio ni una concesión arbitraria. Es una herramienta educativa y de intervención social, utilizada por los equipos profesionales para favorecer la adquisición de competencias para la vida autónoma, la responsabilidad en la gestión del dinero, la inclusión social y el desarrollo personal. Su eliminación no responde a criterios técnicos, educativos o de protección de la infancia, sino a una decisión de carácter ideológico que perjudica directamente a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Desde el Trabajo Social sabemos que la autonomía no se construye únicamente mediante el alojamiento y la manutención. También requiere oportunidades para participar en la vida comunitaria, relacionarse con iguales, aprender a administrar recursos económicos y desarrollar habilidades que serán imprescindibles cuando alcancen la mayoría de edad y abandonen el sistema de protección. Privarles de estos recursos supone dificultar precisamente el proceso de inclusión que las administraciones públicas tienen el deber de promover.
Igualmente preocupante resulta la forma en que se ha presentado públicamente esta decisión. La comunicación institucional utiliza un lenguaje que estigmatiza a la infancia migrante, reduciendo una intervención socioeducativa a una supuesta “paga” y presentándola como un privilegio injustificado. Este relato no solo simplifica una realidad compleja, sino que alimenta prejuicios sociales y contribuye a señalar a un colectivo especialmente vulnerable como responsable de problemas que nada tienen que ver con ellos.
Nos preocupa especialmente que se contrapongan los derechos de unos colectivos vulnerables frente a otros. Las personas mayores, la infancia tutelada, las personas con discapacidad o quienes precisan apoyos sociales no compiten entre sí por unos recursos escasos. Ese planteamiento enfrenta a quienes más necesitan la protección pública mientras desvía el debate sobre la obligación de las administraciones de garantizar políticas sociales suficientes para toda la ciudadanía.
Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de promover la cohesión social, proteger los derechos humanos y ofrecer información rigurosa y veraz. Utilizar la infancia migrante como elemento de confrontación política supone una grave irresponsabilidad institucional y un incumplimiento del deber de proteger el interés superior del menor, principio que debe inspirar toda actuación de los poderes públicos.
Como profesión comprometida con la justicia social, los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón exige la reconsideración de esta medida y reclama que las decisiones que afectan a la infancia tutelada se adopten desde criterios técnicos, educativos y de protección, escuchando a los y las profesionales que intervienen diariamente con estos menores y no desde planteamientos ideológicos que ponen en riesgo su bienestar y su proceso de inclusión.
El Trabajo Social no puede permanecer en silencio cuando se vulneran los principios básicos del sistema de protección a la infancia ni cuando se utiliza a niños y adolescentes para alimentar discursos que fomentan la desconfianza, el rechazo y la división social. Una sociedad democrática se mide, precisamente, por la forma en que protege a quienes más necesitan de ella.
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón