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REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA. NECESARIA, PERO NO EN ESTAS CONDICIONES

Hace una semana se aprobó el Real Decreto que establece el procedimiento y la documentación para acceder a la regularización extraordinaria de personas que ya residían en España. Se trata de una medida necesaria para garantizar seguridad jurídica y el acceso pleno a derechos y deberes.

Sin embargo, el texto introduce requisitos preocupantes, como la exigencia de certificar la situación de vulnerabilidad para poder acceder a esta regularización. Esta condición evidencia un desconocimiento de la realidad: vivir en situación administrativa irregular ya implica, de por sí, dificultades de acceso al empleo, a servicios públicos y a recursos económicos suficientes.

Además, se traslada la responsabilidad de emitir estos certificados a entidades sociales, sin una coordinación clara ni criterios homogéneos (recordemos que el Ayuntamiento de Zaragoza está discriminando en la atención a las personas en función de su nacionalidad, obligando a que acudan al Ayuntamiento para hacer trámites que podrían realizar en su barrio).

En Aragón, se estima que hasta 17.000 personas podrían acogerse a este proceso. Muchas de ellas necesitarán el Certificado de Vulnerabilidad. Pero la respuesta  institucional es insuficiente:

• No se ha aclarado quien debe emitir este certificado en nuestra comunidad.
• Existen desigualdades territoriales en el acceso a los servicios.
• Se priorizan recursos judiciales contra la norma aprobada frente a soluciones sociales.
• Persisten prácticas discriminatorias en la atención según la nacionalidad.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón defendemos la regularización de las personas migrantes, pero también exigimos que se garantice una atención basada en la igualdad, la no discriminación y la accesibilidad en todo el territorio.

Señalamos al Gobierno de Aragón como responsable de las situaciones de desprotección, desigualdad y discriminación que puedan derivarse de esta falta de claridad y coordinación.

Los servicios públicos deben responder al interés general y facilitar la vida a las personas, no esconderse.

Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.